En el universo de TI, la computación en nube se convirtió la mejor opción para las organizaciones públicas y privadas, una vez que la adopción de ese modelo de compartición de recursos computacionales trae beneficios como la reducción de costos y de ociosidad, la agilidad en la implantación de nuevos servicios y la atención al cliente bajo demanda, además del gaño de escala y optimización de la infraestructura de TI.

Ante ese escenario, el Ministerio de la Planificación, Desarrollo y Gestión (MP) publicó, en mayo de este año, un documento que establece buenas prácticas, orientaciones y prohibiciones para la contratación de servicios de nube. Como principal recomendación, no se permite a los órganos públicos que componen el Sistema de Administración de Recursos de Tecnología de la Información (SISP), entre ellos universidades, institutos federales y unidades de investigación, la contratación de salas-cofre y salas-seguras, infraestructura de TI propias consideradas menos eficientes y más complejas en operación y mantenimiento, cuando comparadas a los servicios de nube.

Como solución, el ministerio recomendó a los órganos públicos que privilegien el modelo de nube híbrida, que combina los beneficios de nube pública, como elasticidad y agilidad, y de la privada, que garantiza un bueno desempeño debido al recurso dedicado. Una de las opciones posibles es restringir la compartición de recursos a una determinada comunidad, combinando los requisitos de cada uno de los modelos.

Según el órgano, el modelo híbrido minora riesgos y optimiza costos. “En la nube pública, la infraestructura es compartida con otros clientes, por eso la elasticidad y el gaño de escala. Ya en la nube privada, un conjunto de recursos es dedicado al cliente de forma aislada, y la densidad de virtualización se define conforme la necesidad, generalmente para cumplir niveles de seguridad más altos”, explica el coordinador-general de servicios de infraestructura del ministerio, Waldeck Pinto de Araújo Júnior.

En el sector gubernamental, el cambio de directriz para la contratación de servicios de nube con proveedores privados, como Google, Microsoft y Amazon, impone como regla que los datos e informaciones de órganos públicos estén hospedados en el Brasil. El motivo es una cuestión jurisdiccional, porque deben prevalecer las garantías de la legislación brasileña en caso de problemas con las informaciones del contratante.

Según el representante del MP, los proveedores ya están preparándose para atender a esa demanda del sector público. “Microsoft, por ejemplo, ya tiene datacenters en territorio nacional. Google también anunció su primer centro de computación en nube en Brasil hasta 2017”, informa Waldeck Pinto Araújo Júnior.

Para los órganos públicos federales, la contratación con proveedores privados de servicios en nube es posible desde que no involucre datos que comprometan la seguridad nacional. En esos casos, como previsto en el Decreto 8135/13, el almacenamiento en nube deberá hacerse dentro de la Administración Pública Federal, lo que se ofrece actualmente por el Servicio Federal de Procesamiento de Datos (Serpro) y por la Dataprev, o directamente por la adquisición de infraestructuras de TI propias.